El Juzgado de lo Social de los de Algeciras será escenario a mediodía de hoy de la vista oral por la denuncia que ocho futbolistas que pertenecieron a la Unión Deportiva Los Barrios en la campaña 2009-10 presentaron en su día contra el club por el impago de parte de sus salarios. El representante de los profesionales habla de una deuda conjunta de unos 70.000 euros más intereses y costas (alrededor de 85.000), mientras el presidente de la entidad gualdiverde la cifra en alrededor de 55.000.
Lo más importante del caso es que las dos partes coinciden en señalar que, en caso de se produzca una sentencia firme antes del 30 del próximo mes de junio y de que el conjunto barreño no pueda hacer frente a la cantidad fijada por el magistrado, el ascenso del actual líder del grupo I de Primera Andaluza a Tercera división, en caso de consumarse en el terreno de juego, quedaría sin efecto de acuerdo a la legislación vigente.
Dicho de otra forma, la Unión se juega bastante más hoy en el juzgado que en las cuatro jornadas que restan de competición sobre el terreno de juego.
El titular del Juzgado de lo Social de Algeciras, Guillermo Oteros, oirá hoy las explicaciones del abogado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Gonzalo de Medinilla, que acude en representación de los ocho jugadores que reclaman una cantidad que la parte denunciante cifra en más de 70.000 euros (a los que habría que sumar intereses y costas), que son: Miguel Ángel Espínola, José Manuel Camacho, Diego Romero, Juan Ríos, Álex Expósito, Javi Pecas, Lolo Guerrero y Juampe Rico.
Todos ellos defendieron los intereses del equipo en Tercera división en aquella andadura en la que logró la permanencia primero bajo la batuta de Federico Martínez Gámez y más tarde bajo la del actual entrenador de la Real Balompédica Linense, Rafa Escobar.
Después de que la Unión no acudiese al acto de conciliación hoy se celebra el juicio que puede definir su futuro deportivo y social. Una cantidad que hace apenas unos años hubiese parecido ridícula para poner en tela de juicio la existencia de un club se extiende ahora como una sombra sobre los barreños.
El presidente de la entidad de la Villa, Álvaro Moya, sostiene que la Unión no se niega a pagar. "De hecho, le hemos entregado algunas cantidades a esos jugadores y los recibos los vamos a presentar, pero es que no tenemos más dinero", dice.
"Tengo claro que sea cual sea la cifra que establezca el juez, no va a haber dinero para hacerle frente, porque ya no va a venir el hombre con el saco, las cosas han cambiado y el que antes era el principal patrocinador del club, el Ayuntamiento, ya no tiene ni para arreglar el terreno de juego", reflexiona. "Esto es así y no hay vuelta de hoja".
"Yo ya he realizado gestiones y pretendo acudir a la Afe y la Federación Española para explicar que como directiva hemos frenado la deuda, que no hemos vuelto a firmar un contrato y que no debemos recibir el mismo trato que otros clubes que siguen gastando y aumentando el tamaño del boquete", explica.
"Además vamos a tratar de negociar con los interesados y de llegar a un acuerdo, porque no es justo que el ascenso que nos podemos ganar en el terreno de juego nos lo quiten en los despachos", se queja. "Para nosotros llegar a Tercera supone poder acceder a más patrocinadores y a alcanzar la viabilidad del club".
La parte denunciante está, lógicamente, en una postura diametralmente opuesta. La AFE envía a su abogado para defender el interés legítimo de sus sindicados a recibir un dinero al que se hicieron merecedores hace ya dos años y el órdago es que en caso de que no se produzcan los pagos la Unión puede no sólo quedarse sin ascenso, sino verse abocada a la desaparición, de manera que sería el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el que tendría que desembolsar esa cantidad.
Como quiera que la situación del Puerto Real, que incluso ha estado a punto de no seguir compitiendo, es también compleja, todo este contencioso podría acabar concediendo el ascenso de categoría al Xerez B, en la actualidad tercer clasificado.
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