LA RFEF Y EL COBRADOR DEL FRAC

El organismo que encabeza Ángel María Villar reclama garantías por las siguientes cantidades a las entidades que se detallan para permitir su participación en el próximo campeonato de Segunda B, si bien alguno de ellos, como La Unión-Caravaca del grupo IV, ya no se verá abocado a cumplir con esa obligación, toda vez que ha consumado su descenso.

Deben avalar 200.000 euros: Alavés; Cacereño, Cádiz; Ceuta; Denia; Gandía; Real Jaén; Lucena; Melilla; Orihuela, Palencia; Puertollano; Roquetas, Sant Andreu; Rayo Vallecano B y Vecindario.

RSD Alcalá; UD Alméria B; CD Badajoz; Caravaca/La Unión; Conquense; Guijuelo; Lemona; Mallorca B; Montañeros; Ontinyent y Zamora necesitan depositar un aval por 125.000 euros.

Al margen de los mencionados avales, los clubes con cantidades pendientes de liquidar en la presente temporada -que son numerosos en el grupo IV- deberán afrontar los pagos antes del 30 de junio, ya que en caso de no hacerlo se verían forzados a jugar en una categoría inferior, ya que sufrirían un descenso administrativo.